La Ley de Administración Electrónica. Comentario sistemático a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos

La Administración electrónica no es ninguna utopía, sino una realidad cada día más evidente y abocada a convertirse a corto plazo en el cauce principal de la actividad administrativa. La prueba más contundente es la aprobación de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (convencionalmente llamada Ley de Administración electrónica), cuyo estudio se aborda en esta obra.

La nueva Ley es un texto de extraordinaria importancia para el Derecho administrativo español: es la legislación administrativa aplicable en toda actuación que lleve a cabo la Administración por medios electrónicos, telemáticos e informáticos, desplazando, en tal caso, a la propia Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Para el administrativista de hoy resulta absolutamente imprescindible conocer y manejar este nuevo texto legal. El problema reside en la complejidad de la materia, que exige el manejo de categorías novedosas y de nociones de carácter tecnológico hasta ahora extrañas al jurista. La aprobación de esta Ley sitúa además a todas las Administraciones públicas ante un gran desafío, para adaptar su actividad de gestión a las enormes posibilidades que ofrece la tecnología a la hora de prestar mejores servicios de forma más eficaz y eficiente.

La presente obra ha sido elaborada por un cualificado cuadro de expertos en Administración electrónica, y en ella se aborda el estudio de la materia con todo rigor y exhaustividad, a fin de exponer el nuevo régimen legal con claridad y resolver las dudas de interpretación que suscita un texto tan rico, complejo y relevante para nuestro ordenamiento jurídico. Por la profundidad de la exposición y por su enfoque práctico, será de utilidad no solo en el plano académico, sino para todos los operadores jurídicos: abogados y asesores del sector privado, letrados de las Administraciones públicas, empleados del sector público, miembros de la carrera judicial y, en definitiva, todos cuantos intervengan en las relaciones jurídico-administrativas.